BREVES NOTAS SOBRE EL PATRIMONIO PROTEGIDO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Publicado en por Alvaro Solera

 

José Enrique Bernal Menéndez

Abogado.

 

El artículo 49 de la Constitución española obliga a los Poderes Públicos a desarrollar políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que deben prestar atención especializada y amparo en el disfrute de los derechos constitucionales que se otorgan a todos los ciudadanos.

 

Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística en España 3.528.221 personas padecen alguna discapacidad, lo que supone el 9 % de la población total. En 3,3 millones de hogares españoles (el 20 %) reside al menos una persona que afirma tener una discapacidad.

 

Para dar cumplimiento al mandato constitucional, la Ley 41/2003, de 18 de noviembre -promulgada durante el Año europeo del Discapacitado- viene a crear un nuevo y novedoso mecanismo de protección a las personas discapacitadas consistente en la creación de un patrimonio -al que la Ley va a denominar protegido-, entendido como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones tendentes a satisfacer las necesidades vitales de sus beneficiarios, pudiendo coexistir con el patrimonio personal del discapacitado, sin fundirse ni confundirse con éste.

 

Vamos a analizar seguidamente los principios básicos de la Ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad (en adelante, LPPD), a saber:

 

1.- Concepto de personas con discapacidad. A efectos de la L.P.P.D. tendrán la consideración de personas con discapacidad las afectadas de una minusvalía psíquica igual o superior al 33% o por una minusvalía psíquica o sensorial igual o superior al 65 %, debiendo, en todo caso, estar acreditado el grado de minusvalía por una Administración Pública o mediante resolución judicial.

 

Como se observa, la Ley ha optado por un concepto de discapacidad basado en la objetivación de padecimientos, enfermedades o deficiencias sin que sea necesario que ello provoque como consecuencia la imposibilidad del sujeto de gobernarse a sí mismo, por lo que, como veremos más adelante, se dará el caso que el propio beneficiario, al no estar incapacitado en muchas ocasiones, pueda constituir o, incluso, administrar el patrimonio protegido.

 

2.- Constitución del patrimonio protegido. La L.P.P.D. distingue varios supuestos para la constitución del patrimonio protegido:

 

a) Cuando el discapacitado tiene suficiente capacidad de obrar, personalmente podrá constituir el patrimonio protegido.

 

b) Si el discapacitado no tiene suficiente capacidad de obrar, será constituido por sus padres, tutores o curadores, según quien ostente, en cada caso, su representación legal.

 

c) El guardador de hecho de una persona con discapacidad psíquica podrá constituir el patrimonio protegido respecto de los bienes que sus padres o tutores le hubieren dejado por título hereditario o hubiera de recibir en virtud de pensiones constituidas por aquéllos y en los que el discapacitado fuere designado beneficiario.

 

d) Cualquier persona con interés legítimo y ofreciendo bienes y derechos al efecto podrá dirigirse al discapacitado -con suficiente capacidad de obrar-, o, en otro caso, a sus padres, tutores o curadores, y en su defecto al Ministerio Fiscal, para constituir un patrimonio protegido.

 

El patrimonio protegido se constituirá, como regla general, por documento público o mediante resolución judicial en los casos de solicitud por parte del guardador de hecho de un discapacitado psíquico o del Ministerio Fiscal, tras la negativa de los padres o tutores a constituir el referido patrimonio protegido.

 

El acto constitutivo del patrimonio protegido -mediante Acta notarial o resolución judicial- deberá contener, como mínimo:

 

- El inventario de bienes y derechos que, inicialmente, constituya el patrimonio protegido.

 

- La determinación de las reglas de administración y fiscalización del patrimonio, incluyendo las personas encargadas de ello.

 

- Cualquiera otra disposición que se considere oportuna respecto a la administración y conservación del patrimonio.

 

3.- Aportaciones al patrimonio protegido. Cualquier persona con interés legítimo puede realizar aportaciones al patrimonio protegido, por lo que el aportante puede ser tanto el beneficiario, el constituyente o un tercero. En el caso de que propuesta una aportación, no sea aceptada por el propio beneficiario -si tiene suficiente capacidad de obrar-, o -en otro caso- por sus padres, tutores o curadores, aquél se podrá dirigir al Ministerio Fiscal a fin de que, si lo cree conveniente, inste al Juzgado las medidas que procedan para aceptar -o no- el bien o derecho que se pretende forme parte del patrimonio protegido.

 

Las aportaciones serán siempre a título gratuito pudiendo establecerse una finalidad, ésto es, el/la aportante podrá determinar el destino a los bienes o derechos que entrega al patrimonio protegido.

 

En el orden fiscal, hay que resaltar que las aportaciones al patrimonio protegido no tributarán por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones sino que tendrán la consideración tributaría de rendimientos del trabajo y, por lo tanto, con menor coste fiscal.

 

En el aspecto registral, el artículo 8 de la L.P.P.D. determina que cuando el dominio o cualquier derecho real sobre un bien inmueble u otros bienes o derechos que tengan carácter de registrables se integren en un patrimonio protegido se podrá inscribir a favor de la persona discapacitada en el Registro de la Propiedad u otros que pudieran proceder.

 

4.- Administración del patrimonio protegido. Será el acto constitutivo del patrimonio protegido y, en su caso, el constituyente quien establezca quien va a ser el administrador del patrimonio protegido. Por un lado, puede ser el propio beneficiario, si tiene suficiente capacidad, o se puede designar a una persona física (padres, tutores, curadores, etc.),crear un órgano colegiado establecido al efecto o, incluso a una persona jurídica. Si no se hubiere designado administrador, el Ministerio Fiscal solicitará al Juzgado que lo designe.

 

El administrador se constituye en representante del discapacitado para todos los actos de gestión y administración de los bienes y derechos del patrimonio protegido no siendo necesaria la concurrencia ni autorización de los padres, tutores o curadores que pudieran ejercer la representación del incapacitado en virtud de la incapacitación judicial. Su nombramiento se inscribirá en el Registro Civil.

 

Aunque no lo prevea expresamente la Ley, entendemos que el administrador puede percibir retribuciones por el ejercicio de su cargo, toda vez que, por ejemplo, en las gestiones de patrimonios importantes o en el que estén incluidos bienes y derechos para cuya gestión se requiera ayuda técnica o especializada puede ser conveniente o necesario abonar honorarios de profesionales de los que sea preciso asesorarse para, con ello, adoptar las mejores decisiones de administración.

 

Cuando la administración del patrimonio protegido recaiga sobre persona distinta al propio discapacitado, requerirá autorización judicial previa para:

 

- enajenar o gravar bienes inmuebles, objetos preciosos y valores mobiliarios.

- celebrar actos o contratos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción.

- para hacer gastos extraordinarios en los bienes.

- para dar los bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años.

- para dar y tomar dinero a préstamo.

- para disponer a título gratuito bienes o derechos integrados en el patrimonio protegido.

 

En cualquier caso, y atendida la solvencia del administrador, la escasa entidad del acto dispositivo, las circunstancias personales del beneficiario, las necesidades de su minusvalía, y otras análogas, se podrá interesar del Ministerio Fiscal que proponga al Juez la exención de la autorización judicial.

 

El administrador -que no sea el propio beneficiario y sus padres- deberá rendir cuentas de su gestión ante el Ministerio Fiscal anualmente o cuando éste se lo solicite, remitiendo una relación de su actuación, un inventario de bienes y derechos acompañado, todo ello, de los soportes documentales en que se base.

 

Por último, hay que indicar que todos los bienes, derechos, frutos, rendimientos y productos del patrimonio protegido deberán de destinarse a la satisfacción de las necesidades vitales del beneficiario o al mantenimiento de la productividad del patrimonio protegido.

 

Un aspecto que no trata la LPPD se refiere a la responsabilidad del patrimonio protegido frente a las obligaciones de toda índole de la persona discapacitada, toda vez que si éste es un patrimonio separado del personal y, además, orientado especialmente a la satisfacción de sus propias necesidades derivadas de su situación personal, podría pensarse que el mismo no respondería universalmente frente a las deudas y cargas que pudieran afectar al incapaz. La respuesta debe ser negativa, y por tanto, aunque éste es un patrimonio separado del personal, lo será en cuanto a la administración y disposición pero nunca en cuanto a responsabilidad por deudas, pués, de este modo, quebraría la seguridad jurídica que garantiza, con carácter general, el artículo 1911 del Código Civil.

 

5.- La supervisión del patrimonio protegido. La supervisión de la administración pivota sobre el Ministerio Fiscal, apoyado, auxiliado y asesorado por la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, creada reglamentariamente, mediante el R.D. 177/2004 de 30 de enero.

 

El Ministerio Fiscal actuará de oficio o a instancia de cualquier persona, debiendo ser oído en todas las actuaciones judiciales relativas al patrimonio protegido pudiendo, además, instar del juez lo que proceda en beneficio de la persona con discapacidad, incluso la sustitución del administrador, el cambio de las reglas de administración, el establecimiento de medidas especiales de fiscalización, la adopción de cautelas, la extinción del patrimonio protegido o cualquier otra medida de análoga naturaleza.

 

6.- La extinción del patrimonio protegido. Según el artículo 6 de la L.P.P.D., el patrimonio protegido se extingue por dos causas:

 

a) Por la muerte o declaración de fallecimiento de su titular. En este caso, los bienes y derechos que conforman el patrimonio protegido se incluirán en la herencia del discapacitado salvo si se tratara de aportaciones realizadas con un destino o finalidad específica contradictoria con su inclusión en el caudal hereditario.

 

b) Por dejar de tener su titular y beneficiario la condición de persona con discapacidad, en cuyo caso será necesaria, o una resolución administrativa que rebaje los grados de minusvalía psíquica, física o sensorial o una resolución judicial.

 

Si bien no vienen previstos expresamente en la L.P.P.D. también se puede extinguir el patrimonio protegido por decisión judicial “cuando así convenga a la persona con discapacidad” y a instancias del Ministerio Fiscal, en cuyo caso, la resolución judicial que así lo disponga determinará las consecuencias que se deriven de esta extinción. Igualmente, se extingue el patrimonio protegido cuando se pierdan todos los bienes y/o derechos que constituyeron el patrimonio protegido, al desaparecer el substrato objetivo que lo conformó.

 

Una vez extinguido el patrimonio protegido, por analogía con la figura del tutor, el administrador deberá efectuar una rendición de cuentas final que deberá ser aprobada por el Juez.



 

 

 

 

 

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